Mientras la escena oficial nos muestra esa cara, los «Reportes de Conflictos Sociales» de la Defensoría del Pueblo ratifican las tendencias que se observaban desde buen tiempo atrás: (i) un número mensual elevado de conflictos sociales; (ii) una alta fragmentación social en la mayoría de ellos; (iii) la multiplicación de los actores involucrados; (iv) el protagonismo del Estado central que aparece casi siempre como el actor demandado o la instancia que tiene las competencias involucradas; (v) una limitada capacidad para prevenir los conflictos y para transformar aquellos ya desatados; y (vi) un peso preponderante de los conflictos socioambientales, fuertemente ligados a la expansión de las actividades mineras y petroleras.
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