En América Latina, el camino hacia la igualdad no puede recorrerse
sin la visibilidad y la participación efectiva de aquellos grupos y personas
que secularmente han sido excluidas y discriminadas, tal como ocurre con las
mujeres indígenas. El progreso hacia la plena igualdad y el ejercicio de los
derechos sin restricciones es una condición necesaria para profundizar las
democracias del siglo XXI. De hecho, solo así se podrán alcanzar democracias
que legítimamente valoren la diversidad, que en el caso de las mujeres
indígenas se expresa en su pertenencia a más de 670 pueblos reconocidos por los
Estados de la región.
Se trata de avanzar en la titularidad efectiva de los
derechos humanos, considerando los estándares mínimos de derechos que rigen a
nivel mundial, y que para los pueblos y mujeres indígenas se sintetizan en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Mediante sus organizaciones, las mujeres indígenas han sido
protagonistas indiscutibles de los procesos de cambio en la relación de sus
pueblos con los Estados, posicionado sus demandas en las agendas nacionales,
regionales e internacionales. En la actualidad, estas demandas se centran en
las situaciones particulares que las afectan, manifiestas en las profundas
desigualdades étnicas y de género que experimentan, y que poseen un carácter
polifacético.
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