América
Latina y el Caribe están evolucionando rápidamente; en las últimas dos décadas se han visto avances sin precedentes, a una
escala que pocos hubieran creído posible.
Los
avances han sido sólidos, acompañados de reformas institucionales en gestión
fiscal y financiera que han sentado las bases para la estabilidad y el
fortalecimiento de nuestros sistemas financieros. Además existen nuevas
instituciones y políticas que han mejorado la capacidad de los gobiernos para
apoyar la formación del capital humano y ofrecer protección social a las
familias de bajos ingresos. Hoy son reconocidos los logros en lo relativo a la
reducción de la pobreza estructural, el progreso educativo y en materia de
salud, y una mayor cobertura de servicios.
No
obstante los notables progresos, la región enfrenta aún retos importantes para continuar
avanzando hacia la consecución de los objetivos de crecimiento sostenible y reducción
de la pobreza. Uno de estos retos está relacionado con el logro de gobiernos y
administraciones públicas más íntegros, transparentes y responsables en su
gestión para satisfacer las demandas ciudadanas de mejores bienes y servicios
públicos.
El Banco
tiene un compromiso de larga data con el fortalecimiento de la capacidad institucional
de los Estados de la región. Desde hace más de una década, ha diseñado varias
estrategias y planes de acción de apoyo a los países en sus esfuerzos para
fortalecer la gobernanza. Esto incluye la promoción de la transparencia y la
rendición de cuentas como condiciones necesarias para un mejor gobierno, tanto
a nivel nacional como a nivel subnacional.
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