Los últimos años en el Perú se han caracterizado por la promoción de diversas experiencias participativas de ordenamiento del territorio, en el marco de un proceso de descentralización del poder y de reforma del Estado con serias debilidades y limitaciones. Impulsadas con el liderazgo de gobiernos regionales y locales, y acompañadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM), como también por ONG y entidades de la cooperación internacional, estas experiencias han sido legitimadas con la participación inclusiva de organizaciones sociales y comunidades, movilizando además a distintos actores en el territorio, generando una serie de aprendizajes que esperan ser capitalizados para aportar con recomendaciones que contribuyan al debate nacional sobre el ordenamiento territorial, y también al diseño de una genuina política pública nacional de ordenamiento y gestión del territorio; acaso el reto más grande en el país actualmente junto con la esperada Ley de Ordenamiento Territorial.
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