Durante los años 2012 y 2013, los conflictos sociales asociados a la pequeña minería y minería artesanal, informal e ilegal se incrementaron en número e intensidad. Lo que hasta entonces era un problema social y ambiental localizado en algunas zonas del país como Puno, La Libertad, y Madre de Dios, se ha expandido a otros lugares del país.
En estos dos años sus demandas se hicieron más visibles, expresándose a través de diversos conflictos de alcance regional y nacional y con agendas en algunos casos legítimas porque están traduciendo un problema social, pero también con requerimientos que intentan obstaculizar los intentos de ordenamiento, regulación e interdicción de la pequeña minería y minería artesanal, informal e ilegal. Todo ello en el marco de una ausencia de políticas integrales por parte del Estado cuyas medidas por ahora están centradas sólo en la formalización y en las acciones de interdicción y sin una perspectiva de mediano y largo plazo.
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